El reglamento se encargaba de evaluar y expedir la otorgación de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios en Puerto Rico
La Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes continuó con el proceso de vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 223 que investiga la posición de la Junta de Planificación (JP) ante l anulación del Reglamento Conjunto de Permisos 2020.
Durante la semana pasada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) declaró nuevamente ‘’no ha lugar’’ a la segunda solicitud de reconsideración de la JP en torno a la sentencia de anulación del Reglamento Conjunto 2020, emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Ante esa decisión, Héctor Morales Martínez, director de la División de Asuntos Legales de la JP indicó que alrededor de 200,000 trámites de permisos habían sido aprobados, pero ahora quedarán inconclusos debido a la decisión del máximo foro judicial.
Con ese escenario y entendiendo que a la JP le corresponde determinar el reglamento vigente en la Isla, Morales Martínez expuso que la agencia inició el proceso de redactar uno nuevo y confirmó que las consultas fueron finalizadas.
‘’Primero que todo, quiero establecer que es una pena y me hubiese gustado que el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassus Ruiz hubiese acudido a esta citación, ya que es un tema de mucha importancia para el país y que hay que abordarlo con el compromiso y responsabilidad que nos corresponde’’, expresó el presidente de la Comisión, Jessie Cortés Ramos.
‘’Hay que ser diligentes y tener las prioridades claras. Ya son cuatro los Reglamentos establecidos y que han quedado nulos. El del 2010, 2015, 2019 y ahora el del 2020’’, agregó.
La primera decisión del TSPR que declaró nulo el reglamento fue por falta de participación ciudadana. El Gobierno apeló esa decisión con la intervención de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe). La segunda decisión fue una confirmación de una decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones de que la OGPe no es la que interviene en el proceso de elaborar y aprobar el Reglamento Conjunto.
El recurso legal en el Tribunal de Apelaciones había sido presentado el 31 de marzo del 2021 por el Comité Pro-Seguridad de las organizaciones ARRAQ y ARESPA. Estas organizaciones representan los residentes en las urbanizaciones Alturas del Remanso y Quintas de Cupey, Paraná, Villas del Paraná, El Remanso, Quintas de Cupey Garden Apartments y El Escorial, del municipio de San Juan.
